Dormir bien no es un lujo individual. Es un bien público cuya distribución equitativa es condición para la salud, la productividad, la cohesión social y la democracia.
Por Juan Carrillo Azócar
Médico cirujano egresado de la Universidad de Concepción. Máster en Medicina y Fisiología del Sueño. Magister (c) en Salud Pública.
Dormir parece el acto más privado de la existencia humana. Sin embargo, la evidencia revela que el sueño es, simultáneamente, un fenómeno biológico y una práctica social moldeada por las mismas fuerzas que organizan la desigualdad. Quién duerme bien, cuánto y dónde no depende solo de la neurofisiología: depende de la posición que cada persona ocupa en la estructura social. El sociólogo Barry Schwartz planteó en 1970 que toda sociedad debe resolver un dilema fundamental: cómo proteger a sus miembros durante el estado de máxima vulnerabilidad que representa el dormir. El durmiente no puede comunicarse, defenderse ni producir.
Para que el sueño sea posible, la organización social debe garantizar tres condiciones: seguridad, confianza y privacidad. Cuando estas se erosionan —por hacinamiento, violencia o precariedad—, el sueño se degrada. No como patología individual, sino como síntoma de una falla colectiva. La evidencia contemporánea confirma esta tesis. Las minorías raciales en Estados Unidos duermen entre 35 y 60 minutos menos por noche que la población blanca, una brecha que persiste tras controlar por ingreso. Los trabajadores nocturnos —mayoritariamente de bajos salarios— tienen mayor prevalencia de trastornos del sueño. La privación vecinal se asocia independientemente con peor calidad del descanso. El sueño se distribuye con el mismo gradiente que la riqueza: quienes menos tienen, peor duermen.
Jonathan Crary describió al sueño como “una de las grandes afrentas humanas a la voracidad del capitalismo contemporáneo”. La sociedad 24/7 —con su demanda de disponibilidad permanente, conectividad digital ubicua e iluminación artificial constante— ha reducido la duración media del sueño entre 1,5 y 2 horas en el último siglo. Más del 69% de los adultos estadounidenses duermen menos de lo necesario. No es una elección: es una imposición estructural. Las consecuencias trascienden la salud individual. RAND Corporation estimó que el sueño insuficiente cuesta hasta $680 mil millones anuales en cinco países de la OCDE, entre 1,35% y 2,92% de sus PIB. Chernóbil, el Challenger, el Exxon Valdez: todos fueron vinculados a privación de sueño. Más de 6300 personas murieron en accidentes por somnolencia solo en Estados Unidos en 2023.
Quizás el hallazgo más perturbador proviene de la cognición social. Las personas con sueño deficiente son más propensas a los estereotipos raciales y muestran menor empatía. Un estudio en Nature Human Behaviour demostró que el sueño insuficiente predice menor participación electoral. Si dormir mal erosiona la empatía y la disposición a votar, los trastornos del sueño no son solo un problema de salud pública: son un problema de gobernanza democrática. La dimensión de género añade otra capa. Las mujeres soportan un “segundo turno nocturno” de cuidado que fragmenta su sueño de manera desproporcionada. Su descanso es más superficial y vigilante, porque la expectativa de disponibilidad permanente para el cuidado impide la relajación necesaria para el sueño profundo. En América Latina, donde los sistemas de cuidado institucional son débiles, esta carga recae casi exclusivamente sobre ellas.
El 87% de los adolescentes estadounidenses duermen menos de lo recomendado, con un gradiente socioeconómico claro. Un adolescente que duerme mal tiene menor atención, peor memoria y mayor propensión a conductas de riesgo. Si proviene de un hogar donde el hacinamiento ya compromete su sueño, se configura un círculo vicioso: la desigualdad produce privación de sueño, la privación produce bajo rendimiento académico, y el bajo rendimiento reproduce la desigualdad en la siguiente generación.
Dormir bien no es un lujo individual. Es un bien público cuya distribución equitativa es condición para la salud, la productividad, la cohesión social y la democracia. Las políticas que abordan los trastornos del sueño exclusivamente desde la clínica —prescribiendo medicamentos sin modificar las condiciones que producen el insomnio— tratan síntomas mientras perpetúan causas. Necesitamos regulación del trabajo nocturno, horarios escolares compatibles con la cronobiología, viviendas que permitan la privacidad del descanso y sistemas de cuidado que liberen a las mujeres del turno nocturno invisible. Porque en una sociedad donde dormir bien depende de cuánto se tiene, el sueño no es solo biología. Es política.
